La polémica en torno a la permanencia de Guadalupe Taddei al frente del Instituto Nacional Electoral (INE) gira en torno a investigaciones periodísticas recientes de Reforma que la vinculan con presuntos conflictos de interés, contratos millonarios irregulares y nexos cercanos con proveedores bajo investigación federal.

Los tres puntos centrales de este escándalo acontecido en octubre de 2026 son:

• La fiesta con un contratista: Se difundió un video donde se observa a la consejera presidenta del INE celebrando su cumpleaños en una casona exclusiva de la Ciudad de México. De acuerdo con los reportes, la reunión fue presuntamente organizada por el empresario José Alfredo Hernández Casillas, dueño de una red de empresas proveedoras del árbitro electoral.

• Proveedores bajo la lupa de la UIF: La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investiga a una red de siete empresas de los hermanos Hernández Casillas por presunta simulación de competencia, triangulación de recursos y facturación falsa en licitaciones del INE. Una de estas empresas, Corporativo Zeg, obtuvo un contrato por 197.6 millones de pesos para materiales de la elección judicial.

• El chofer de confianza: La investigación periodística señaló que Jonathan Navarrete, quien aparecía como apoderado legal de Corporativo Zeg, también trabajaba en el INE asignado a tareas de chofer y asistente en la Presidencia del organismo.

Representantes del PRI y del partido Somos México, respaldados por senadores del PAN y Movimiento Ciudadano, exigieron formalmente que Taddei se separe temporalmente del cargo o renuncie de forma definitiva para no minar la confianza ciudadana en el instituto.

El bloque del partido en el poder defendió la presunción de inocencia de la consejera presidenta. Argumentó que se debe esperar a que concluyan las indagatorias antes de exigir dimisiones.

Durante las sesiones del Consejo General reportadas por medios como El Financiero, Taddei rechazó renunciar asegurando que se trata de una campaña para desestabilizar al instituto de cara a las próximas elecciones. Negó tener empresas «favoritas» y aclaró que el apoderado de la empresa no era su chofer particular, sino personal administrativo adscrito. Asimismo, turnó el expediente al Órgano Interno de Control y anunció que pedirá una nueva revisión a la Auditoría Superior de la Federación (ASF).