Hay algo en el caso de Raúl González Martínez, alcalde desaforado de Ixhuatlán del Sureste, un municipio del sur de Veracruz que gobierna bajo las siglas de Movimiento Ciudadano, que cada día exige más explicaciones y menos declaraciones políticas. Estamos hablando de una acusación gravísima, su presunta participación como autor intelectual en el secuestro y asesinato de la periodista Roxana Guzmán Ramírez, ocurrido en junio de 2026.
Sin embargo, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, ha insistido públicamente en señalarlo como responsable del crimen y en afirmar que no ha sido localizado. Lo hace desde la posición de mayor poder político en el estado, pero una acusación, por más veces que se repita, no sustituye una sentencia judicial.
Si las autoridades sostienen que Raúl González es responsable de semejante crimen, entonces corresponde preguntar qué actuaciones judiciales respaldan esa acusación. ¿Existe una orden de aprehensión vigente en su contra? ¿Cuándo fue librada y qué juez la autorizó? ¿Existe alguna ficha oficial de búsqueda? Porque retirarle el fuero a un funcionario no significa declararlo culpable. El Congreso de Veracruz permitió que pudiera ser procesado penalmente, no dictó una condena.
Y aquí aparece Omar García Harfuch. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana informó sobre la detención de otro presunto implicado en el asesinato de Roxana Guzmán, como resultado de un operativo coordinado con autoridades federales y estatales. Es decir, el caso no es ajeno al Gabinete de Seguridad federal. Entonces, ¿qué información tiene sobre la búsqueda del alcalde desaforado? ¿Existe alguna orden judicial pendiente de ejecutar en su contra? ¿Qué acciones específicas se han realizado para localizarlo? Porque una cosa es informar sobre los avances de una investigación y otra explicar por qué uno de los principales señalados continúa sin ser presentado ante la justicia.
Durante el procedimiento de desafuero, la defensa cuestionó públicamente que uno de los principales señalamientos proviniera de un testimonio indirecto: un detenido, identificado como “Delta 1”, habría declarado que otro sujeto, conocido como “Shelby”, le contó que el entonces alcalde ordenó el crimen. También cuestionó que la fotografía de Raúl portando un arma larga, que supuestamente habría motivado el asesinato, no apareciera entre los elementos que asegura haber podido consultar. ¿Existen peritajes, comunicaciones o testimonios independientes que corroboren esa versión? Nada de esto demuestra inocencia, pero son cuestionamientos que merecen respuestas.
El asunto resulta todavía más delicado frente a las dudas sobre la independencia judicial en Veracruz. ¿Qué garantías tiene cualquier ciudadano de enfrentar un proceso justo cuando desde el poder político ya se le presenta como culpable? Los jueces deben resolver sin presiones y el Tribunal de Disciplina Judicial debe vigilar su actuación, no condicionar sus decisiones. La Fiscalía investiga y acusa; los tribunales juzgan. Confundir esas responsabilidades representa un riesgo para el Estado de derecho.
Porque incluso frente a la acusación más grave existe presunción de inocencia. Nadie se convierte jurídicamente en asesino porque lo diga una gobernadora, un secretario de Gobierno o las benditas redes sociales. Si la Fiscalía cuenta con elementos suficientes, que los presente ante la autoridad judicial y que las pruebas, llegado el juicio, sean sometidas a contradicción. La defensa tiene derecho a conocer y controvertir la acusación conforme a la ley. Eso se llama debido proceso.
Por eso, este caso necesita menos declaraciones políticas y más claridad jurídica. Si existen elementos sólidos, que se actúe conforme a derecho y se lleve al acusado ante la justicia. Pero si no existen elementos suficientes, las autoridades tendrán que explicar por qué se ha construido una narrativa pública de culpabilidad antes de una sentencia. No afirmamos que Raúl González sea inocente ni que exista una persecución política; preguntamos qué sustenta las acusaciones que se han repetido desde el poder.
El asesinato de una periodista merece una investigación seria, independiente y rigurosa. La familia de Roxana Guzmán merece conocer la verdad y que los responsables sean sancionados, pero mediante un procedimiento que resista cualquier cuestionamiento jurídico.
Justicia para Roxana Guzmán. Pero justicia de verdad, con pruebas, jueces independientes y derecho a la defensa. No con sentencias dictadas desde una mañanera.
