– Mientras continúan las agresiones, amenazas y actos de hostigamiento contra periodistas y personas comunicadoras en Oaxaca, el Congreso local mantiene rezagada una tarea urgente: construir, junto con el gremio, una legislación efectiva de atención y protección. Los acontecimientos de los últimos días vuelven a demostrar que el problema no admite más aplazamientos.

Oaxaca. – Este miércoles 26 de agosto de 2026, la periodista independiente Virginia Ávila Moreno denunció actos de intimidación, hostigamiento y agresión verbal mientras realizaba una cobertura en el Centro Histórico de Oaxaca. De acuerdo con su testimonio, cuando intentó regresar al lugar donde había instalado su equipo, un hombre le impidió el paso, la confrontó verbalmente y se aproximó para gritarle. Posteriormente, aseguró, la siguió para tomarle fotografías y videos, generándole temor de que la situación pudiera escalar a una agresión física.

Ávila señaló que, el individuo forma parte del equipo de la diputada Tania Caballero Navarro, presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Oaxaca. La periodista dejó constancia pública de los hechos y advirtió sobre cualquier posible represalia. El señalamiento debe investigarse y la relación laboral referida por la periodista debe ser esclarecida. Lo que no puede normalizarse es que una comunicadora considere necesario retirarse de una cobertura ante el temor de sufrir una agresión.

Ese mismo miércoles ocurrió otro episodio preocupante. En Santa Lucía del Camino, el reportero Javier Santiago informó en redes sociales que fue amenazado por un individuo armado con cuchillos y un revólver.

“La persona de azul me amenazó que me iba a meter un tiro”, relató el comunicador.

La amenaza no ocurrió durante una cobertura ni mientras Santiago desempeñaba directamente funciones periodísticas y, hasta ahora, se desconoce el móvil. Sin embargo sería un error descartar esa posibilidad sin investigarla. Una amenaza armada contra una persona periodista debe ser evaluada considerando todas las hipótesis y su contexto de riesgo.

Días antes, Juan Carlos Zavala, corresponsal de El Universal en Oaxaca, presentó una queja ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca por presuntos actos de intimidación y hostigamiento, después de que el consejero jurídico del Gobierno estatal, Geovany Vásquez Sagrero, cuestionara públicamente su trabajo periodístico durante una conferencia gubernamental.

Los casos tienen características distintas, pero aparecen dentro de un contexto estatal que exige atención. A este escenario se suma el asesinato, el pasado 22 de julio, del periodista Francisco Alejandro Leyva Aguilar, que volvió a colocar en el centro de la discusión las condiciones de seguridad en que se ejerce el periodismo en Oaxaca.

EL CONGRESO NO PUEDE SEGUIR POSTERGANDO LA AGENDA

Mientras los incidentes se acumulan, el Congreso de Oaxaca continúa sin concretar una legislación integral que articule prevención, atención y protección para periodistas y personas comunicadoras. La construcción de una ley requiere escuchar al gremio, organizaciones, periodistas independientes, especialistas y medios de las distintas regiones del estado. Pero el proceso legislativo no debe convertirse en pretexto para aplazar medidas que pueden adoptarse desde ahora.

Por ello cobra especial relevancia la propuesta para conformar inmediatamente un COMITÉ ESTATAL DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL A PERIODISTAS Y PERSONAS COMUNICADORAS DE OAXACA, como instancia especializada de prevención, reacción inmediata, evaluación de riesgo y coordinación institucional. La propuesta parte de un principio esencial: una agresión contra una persona periodista no afecta solamente a quien la sufre; también lesiona el derecho de la sociedad a recibir información. Por eso la actuación estatal no puede comenzar cuando el daño ya ocurrió, sino incorporar prevención, protección, atención y garantías de no repetición.

Además, el proyecto establece que el Comité podría iniciar mediante decreto administrativo, convenios de coordinación y lineamientos provisionales, sin condicionar su funcionamiento a la aprobación de una nueva ley. Su diseño contempla atención las 24 horas, reacción frente a riesgos inminentes, evaluación especializada, seguridad física y digital, asesoría jurídica, atención psicosocial y coordinación con fiscalías, autoridades de seguridad, organismos de derechos humanos y el Mecanismo federal.

Los episodios que involucran a Virginia Ávila, Javier Santiago y Juan Carlos Zavala son distintos y deben investigarse individualmente, sin anticipar responsabilidades ni móviles. Pero vistos dentro del contexto de violencia que enfrenta el periodismo en Oaxaca constituyen una advertencia que las instituciones no deberían ignorar.

El Congreso tiene frente a sí una responsabilidad inmediata: retomar la agenda, escuchar al gremio y construir una legislación eficaz de atención y protección. Paralelamente, Oaxaca puede poner en marcha una instancia operativa que atienda riesgos sin esperar a que termine todo el proceso legislativo.

La propia propuesta del Comité advierte sobre dos errores que Oaxaca no debería cometer: crear una estructura sin capacidad real de respuesta o esperar una nueva ley mientras continúan los riesgos. La protección de periodistas no puede seguir administrándose después de cada amenaza o agresión. Oaxaca necesita prevenir la siguiente.

Froylán Méndez Ferrer / froylanmf@gamil.com
Agencia ANSIC
Afiliado al SINMCO