El PRIAN y sus aliados intentan disfrazar a Ernesto Ruffo de “preso político” porque el debate de fondo no les conviene. Convertir a un imputado en víctima es su escudo para proteger la impunidad y no hablar de sus delitos.

Pero no es persecución: es huachicol fiscal. Simulaban cruzar trenes vacíos por la frontera para meter gasolina ilegal. Era una red de contrabando con un desfalco superior a los 4 mil millones de pesos al erario.

Este megafraude solo fue posible gracias a la complicidad del viejo Poder Judicial. Cuando el gobierno frenó a la empresa, jueces a modo le otorgaron amparos para continuar con el saqueo.

La investigación lleva un año. Defienden a Ruffo por terror al efecto dominó; saben que su caída exhibe el manual con el que siempre han operado. Quieren hablar de persecución para no hablar de su corrupción, pero hoy se acabaron los intocables.