Una nueva declaración del director de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, Terry Cole, encendió la polémica entre ambos países. Durante una cumbre contra las adicciones celebrada en Orlando, el funcionario afirmó que la DEA concentrará todos sus recursos en combatir no solamente a los grandes cárteles mexicanos, sino también a quienes presuntamente facilitan sus operaciones.

Cole habló de una “conexión mortífera” entre las redes del narcotráfico y sectores del Gobierno mexicano, asegurando que, desde la perspectiva de su agencia, los grupos criminales y las estructuras que les permiten operar forman parte de un mismo objetivo prioritario.

El jefe de la DEA señaló que la ofensiva estadounidense abarcará a narcotraficantes, distribuidores, lavadores de dinero, proveedores de sustancias químicas y cualquier persona que obtenga ganancias de la producción y venta de drogas que llegan a Estados Unidos.

“Desplegamos todo el peso de esta agencia contra los cárteles, sus facilitadores, distribuidores, lavadores y proveedores químicos”, expresó Cole, de acuerdo con la publicación.

La declaración se produce en medio de crecientes tensiones por el tráfico de fentanilo y la presión de Washington para perseguir no solo a los líderes criminales, sino también sus redes financieras, políticas y logísticas. La nota también vincula el pronunciamiento con señalamientos recientes relacionados con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, aunque las acusaciones mencionadas deberán ser esclarecidas y sustentadas por las autoridades correspondientes.

MÉXICO RECHAZA LOS SEÑALAMIENTOS

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México respondió que las declaraciones del director de la DEA no corresponden con los resultados obtenidos por las autoridades mexicanas en el combate a la delincuencia organizada.

Como argumento, informó que han sido detenidos más de 80 funcionarios y exfuncionarios públicos, entre ellos siete presidentes municipales en funciones, lo cual —según el Gobierno federal— demuestra que no existe protección institucional para ninguna persona involucrada en actividades criminales.

El intercambio de declaraciones abre nuevamente una pregunta que genera inquietud en ambos lados de la frontera:

¿Hasta dónde llegan las redes de protección política, económica y financiera de los cárteles mexicanos?

La DEA asegura que irá contra todos los eslabones de la cadena, mientras México defiende su estrategia y rechaza que exista una complicidad generalizada dentro del Gobierno. La confrontación diplomática apenas comienza y podría derivar en nuevas investigaciones, detenciones y fuertes revelaciones.

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