En un país donde la cifra negra de delitos no denunciados alcanza el 93%, utilizar
exclusivamente las carpetas de investigación para medir la magnitud de la tragedia de
desaparición es una distorsión de la realidad.
● Sugerir que la apertura de una carpeta de investigación es indispensable para realizar
acciones de búsquedas, merma el derecho de todas las personas a ser buscadas.
● Ante la falta de la claridad metodológica, persiste el cuestionamiento sobre la
reducción en la cifra oficial de personas desaparecidas.

Ciudad de México, 27 de marzo de 2026 – Tras la presentación de los avances del
Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) realizada durante la conferencia matutina del día de hoy por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, las organizaciones que acompañamos a las familias buscadoras en su exigencia de verdad y justicia manifestamos nuestra profunda preocupación.

Desde el inicio de la crisis de violencia en 2007, diversos esfuerzos institucionales han intentado minimizar la magnitud de la desaparición en México. Lo presentado hoy no es la excepción: reducir la crisis a una gestión de archivos ministeriales no es solo un error metodológico, es una decisión política que invisibiliza a las víctimas.

1. La trampa de la «obligatoriedad» y el retroceso legal.

La narrativa oficial sostiene que, a partir de ahora, las Fiscalías estarán “obligadas” a
abrir carpetas de investigación por desaparición. Es imperativo aclarar que esta
obligación no es nueva: existe desde la entrada en vigor de la Ley General en 2017.

Afirmar que esto es una novedad ignora que el verdadero obstáculo no es la falta de
leyes, sino las malas prácticas, la corrupción y la omisión sistemática de las fiscalías
que, activamente, evitan recibir denuncias o clasifican las desapariciones como otros delitos para no investigar. Condicionar el registro de una persona desaparecida a la existencia de una carpeta es premiar la ineficiencia institucional.

Preocupa, además, afirmaciones como que el 96% de las personas localizadas no
fueron víctimas de delito, sin que se haya dado a conocer la metodología que sustenta
dicha conclusión. Sin claridad metodológica, este tipo de mensajes puede contribuir a
minimizar la gravedad de la crisis y a desdibujar las obligaciones del Estado frente a las familias.

2. El Estado no es un espectador: responsabilidad e impunidad
Preocupa profundamente que desde el discurso oficial se sostenga la idea de que en
México ya no existen desapariciones forzadas, reduciendo el fenómeno a la actuación
exclusiva del crimen organizado y borrando con ello la posible participación de agentes
estatales. Esta visión elude la responsabilidad del Estado en sus múltiples formas:
● La participación directa y la aquiescencia: Casos de desaparición forzada y
fosas cometidos directamente o vinculados a autoridades que siguen sin
justicia.
● La omisión y la corrupción: El Estado es responsable cuando sus instituciones
permiten que las redes criminales operen con libertad y cuando los procesos de
investigación son opacos.
● La impunidad como combustible: Mientras apenas una fracción mínima de los
casos reconocidos cuente con una investigación real, el mensaje del Estado es
de permisividad.

3. El subregistro: El riesgo de una medición de papel.

En un país donde la cifra negra (delitos no denunciados) alcanza el 93%, utilizar
exclusivamente las carpetas de investigación para medir la magnitud de la tragedia es
una distorsión de la realidad.

El número de carpetas de investigación no equivale al número de personas
desaparecidas. El RNPDNO reporta hoy más de 132 mil desapariciones, una cifra que es
resultado de la lucha histórica de las familias. Pretender validar únicamente una cifra
reducida basándose en la burocracia de las fiscalías es un intento de minimizar la crisis
para evadir la obligación de búsqueda.

4. Simulación de diálogo y exclusión sistemática.

Lamentamos que la presentación de estos instrumentos se realice sin una
convocatoria amplia, transparente y abierta. Los procesos de esta relevancia requieren una participación sustantiva de quienes han impulsado estas herramientas: las
familias, sus colectivos, personas expertas y también organizaciones acompañantes.
Escuchar menciones de colaboración con organizaciones en espacios oficiales,
mientras en la práctica se nos excluye de la construcción de las metodologías y se
posponen las mesas de trabajo, es una forma de simulación. La búsqueda es una
obligación del Estado, por lo tanto debe ser una política que reconozca, nombre y
busque a cada una de las personas cuyo paradero desconocemos.