Julio Omar Gómez Sánchez

El 29 de agosto, un día antes del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, Reporteros Sin Fronteras (RSF) y la ONG mexicana Propuesta Cívica presentaron dos denuncias contra el Estado mexicano ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra en relación con la desaparición de periodistas. Las comunicaciones denuncian la desaparición forzada de dos profesionales de la información y ponen en relieve las deficiencias sistémicas del sistema de investigación del país, que fomentan la impunidad de los delitos contra los periodistas en un país azotado por la violencia generalizada contra la prensa. En México, al menos 28 periodistas han desaparecido, la mayoría de ellos desde hace casi dos décadas, sin que se tenga información sobre su paradero o su suerte.

Las denuncias solicitan al Comité que admita los casos de María Esther Aguilar Cansimbe, desaparecida en Michoacán en 2009, y José Antonio García Apac, desaparecido en Michoacán en 2006, que reconozca la responsabilidad de México en su desaparición forzada y que determine las violaciones de sus derechos a la vida, la integridad, la libertad, el reconocimiento legal y la libertad de expresión, así como los derechos de sus familias.

“Estos casos demuestran que la desaparición forzada de periodistas sigue siendo una herida abierta en México. La inacción del Estado y la impunidad rampante han dejado a las familias desoladas, sin verdad ni justicia. Llevar los casos de María Esther Cansimbe y José Antonio Apac ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU es una oportunidad para que finalmente se rindan cuentas por sus desapariciones, responsabilizando a México en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Antoine Bernard, Director de Incidencia y Asistencia de RSF

“En las últimas décadas, México se ha convertido en uno de los países más peligrosos del mundo para los periodistas. Las desapariciones forzadas de la periodista María Esther Cansimbe y José Antonio Apac son ejemplos de la extrema violencia contra la prensa en México y dan testimonio de la grave impunidad que persiste, la ausencia de una política penal pública para investigar diligentemente las violaciones graves y la falta de voluntad del Estado mexicano para castigar estos delitos y evitar que se repitan. El acceso a la justicia para las víctimas sigue siendo un camino solitario y tortuoso. Sara Mendiola, Directora ejecutiva de Propuesta Cívica.

Dos periodistas comprometidos
María Esther Aguilar Cansimbe cubría temas de derechos humanos y seguridad pública para los medios impresos El Diario de Zamora y El Cambio de Michoacán. Desapareció el 11 de noviembre de 2009. Su caso se vio empañado por graves negligencias: no se realizó una búsqueda inmediata, se omitieron pruebas clave y se produjeron retrasos de años en las medidas básicas de investigación. En 2024, un tribunal mexicano reconoció que sus derechos a la justicia y a la verdad habían sido violados debido a esta negligencia, pero las medidas ordenadas por el juez siguen sin aplicarse.

José Antonio García Apac, fundador y editor del semanario Eco de la Cuenca del Tepalcatepec, desapareció el 20 de noviembre de 2006, tras ser supuestamente detenido por las fuerzas de seguridad en Buenavista Tomatlán, una localidad del estado de Michoacán. Los testigos oyeron cómo interrogaban al periodista, al parecer militares, y el ruido de una pelea antes de perder el contacto. En 2024, dieciocho años después, un juez federal dictaminó que tanto la Fiscalía Especial para los Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) como la Comisión Nacional de Búsqueda habían incumplido su deber de diligencia. Las órdenes del tribunal siguen sin cumplirse y sin supervisarse, ya que las autoridades continúan ignorando pistas clave relacionadas con su labor periodística y la posible implicación del Estado en su desaparición.

Todos y cada uno de los casos de periodistas desaparecidos en México han quedado en total impunidad para los responsables. Las investigaciones se han estancado a pesar de que las familias presentaron denuncias en el momento de las desapariciones. La mayoría de los 28 casos de periodistas desaparecidos se produjeron durante la llamada “guerra contra las drogas”, que ha asolado el país durante más de 24 años bajo cuatro gobiernos sucesivos.

Casos anteriores ante la ONU
Estas nuevas denuncias se basan en dos denuncias anteriores presentadas por RSF y Propuesta Cívica el 2 de noviembre de 2022 – Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas – en relación con Mauricio Estrada Zamora, desaparecido en 2008, y Ramón Ángeles Zalpa, desaparecido en 2010, también en Michoacán. En 2023, el Comité de Derechos Humanos de la ONU admitió ambos casos e inició el procedimiento de análisis, solicitando información al Estado mexicano.

En el caso de Ramón Ángeles Zalpa, RSF y Propuesta Cívica respondieron formalmente al informe del Gobierno mexicano del 1 de abril de 2025, en el que negaba su responsabilidad y minimizaba 15 años de impunidad. Las organizaciones subrayaron que el Estado ha cometido violaciones tanto por acción como por omisión, dejando la investigación estancada. Esto pone de relieve la importancia de los mecanismos internacionales, como las investigaciones del Comité de Derechos Humanos de la ONU, como recurso necesario contra la impunidad persistente y la violencia estructural contra los periodistas en México.

Demandas ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU
En los cuatro casos, RSF y Propuesta Cívica solicitan al Comité que:
Reconozca internacionalmente la responsabilidad de México en la desaparición forzada de periodistas;
Ordene la reactivación inmediata de investigaciones independientes, tomando en cuenta las cuestiones de género;
Obligue a México a proporcionar reparaciones integrales a las familias de los periodistas desaparecidos y garantías de no repetición;
Establezca mecanismos internacionales de supervisión para los casos de desaparición de periodistas.